El patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antes llamada Fundación Tripartita) ha aprobado la convocatoria de Ayudas para la Formación de trabajadores prioritariamente ocupados. Para ello se han destinado 250 millones de euros procedentes de las cuotas de Formación Profesional que pagan empresarios y trabajadores. Es la primera dirigida a los trabajadores ocupados, desde la aprobación de la Ley 30/2015, que regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral. Su objetivo más estratégico es la implantación de una política de formación para la cualificación de los trabajadores, que impulse la competitividad de las empresas y mejore la empleabilidad.
El presupuesto destinado para esta convocatoria va a cubrir 4 tipos de Planes: de Formación Sectorial (216 millones), de Formación Intersectorial (22 millones), de Formación Intersectorial dirigidos a trabajadores ocupados y socios de la economía social (6 millones) y de Formación Intersectoriales dirigidos a trabajadores autónomos (6 millones).
La determinación de la necesidades formativas a financiar se ha basado en el diálogo social y en la negociación colectiva de las comisiones paritarias en los respectivos ámbitos sectoriales, de acuerdo con la Ley 30/2015. Esta propuesta formativa ha sido aprobada por el voto favorable de los representantes sindicales, empresariales y de las Comunidades Autónomas de Extremadura, Valencia, Castilla y León, Galicia y Madrid.
Incluye también la participación de hasta un 30% de trabajadores desempleados. También podrán participar los trabajadores autónomos y los de economía social, así como empleados públicos. Se consideran áreas prioritarias las relacionadas con la digitalización y las tecnologías de la comunicación, la internacionalización de las empresas, el emprendimiento y la eficiencia energética. También se ha dotado de una financiación adicional a los cursos de atención sociosanitaria a personas dependientes y el control fitosanitario.
Al tratarse de una convocatoria estatal, las solicitudes deberán atender los ámbitos territoriales de radicación de las empresas y trabajadores de los distintos sectores de actividad, determinados por las comisiones paritarias.
